Las trampas de combatir la desinformación – POLITICO

Michael Bröning es director de Friedrich-Ebert-Stiftung en Nueva York y miembro de la comisión de valores básicos del Partido Socialdemócrata de Alemania.

Enfrentados a las desastrosas consecuencias de las noticias falsas, el odio en línea y la información engañosa, los gobiernos adoptan cada vez más el papel de árbitros de la realidad objetiva, estableciendo reglas formales para combatir la “información engañosa” y la difusión de noticias falsas incendiarias.

Pero cuando las autoridades están a cargo de la objetividad, ¿quién objetará a las autoridades?

En Alemania, Francia, el Reino Unido, Australia, Dinamarca, Nueva Zelanda, India, Suecia y Sudáfrica, la lucha contra el “discurso del odio” ahora está consagrada en la ley. El parlamento de Corea del Sur ha pedido un panel de expertos para separar “historia veraz” a partir de teorías de conspiración —y lecturas excesivamente críticas— del pasado del país. Y en los Estados Unidos, la administración del presidente Joe Biden anunció el establecimiento de una “Junta de Gobernanza de la Desinformación” interinstitucional, dirigida a “desinformación que amenaza la seguridad del pueblo estadounidense.”

Las organizaciones internacionales han seguido su ejemplo. La Unión Europea aprobó una nueva Ley de Servicios Digitales, lo que permite a los miembros eliminar la propaganda política o el discurso de odio. Y en la ONU, hay un cambio notable de salvar a las generaciones venideras del azote de la guerra, como lo prometió la Carta de la ONU, a atacar las guerras de información cada vez más extendidas. Secretario General de la ONU António Guterres ha advertido repetidamente de una “epidemia de desinformación” y ha iniciativas lanzadas para “cortar el ruido para brindar información que salve vidas y consejos basados ​​en hechos”.

Claramente, en tiempos en que la propaganda estatal rusa presenta la agresión abierta como una lucha contra el “nazismo”, los extremistas distribuyen manifiestos racistas en línea y el expresidente Donald Trump ha regresado a las redes sociales, es comprensible el impulso de defender la verdad.

Y, sin embargo, hay buenas razones para frenar el entusiasmo al involucrar a los gobiernos en la lucha contra la desinformación.

Parte del problema es una verdad simple: la verdad nunca es simple.

Los hechos, los datos e incluso el consenso científico son con frecuencia más multidimensionales, conflictivos y menos estáticos de lo que pueden permitir las juntas gubernamentales o los comunicados oficiales.

Y como la información requiere contexto e interpretación, la noción de una verdad científica aprobada por el gobierno es, de hecho, cualquier cosa menos científica. Después de todo, la base de la búsqueda racional de la verdad es la convicción de que incluso las certezas absolutas pueden y deben ser cuestionadas. En palabras de John Stuart Mill, solo planteando preguntas “de manera integral, frecuente y sin miedo” se puede evitar que la “verdad viva” se convierta en un “dogma muerto”.

Este problema abstracto, sin embargo, tiene una dimensión política tangible.

En un mundo de ideales políticos en disputa, la línea entre la desinformación, la información errónea y las verdades meramente inconvenientes es increíblemente difícil de trazar; y la premisa de que las autoridades políticas están mejor posicionadas para trazar esta línea e identificar desapasionadamente la realidad malinterpreta la naturaleza de la política. Básicamente, esto revertiría el ideal de decir la verdad al poder que, a su vez, tendría la consecuencia casi inevitable de sofocar la oposición legítima, silenciar la crítica necesaria y, en última instancia, alentar las tendencias autoritarias, especialmente dado el dudoso historial de muchos gobiernos en cuanto a permitir la disidencia.

Esencialmente, pedir a la política que defina la línea de demarcación entre realidad y ficción equivale con demasiada frecuencia a confiar el cuidado de las ovejas al lobo.

Y los gobiernos democráticos también deberían estar preocupados, ya que incluso los intentos bien intencionados de impulsar la política mediante el reclutamiento de ciencia aparentemente objetiva pueden tener consecuencias negativas no deseadas. Con demasiada frecuencia, en lugar de aislar a los primeros, politizan y, en última instancia, deslegitiman a los segundos, con repercusiones devastadoras para el clima político, la cohesión social y un debate racional. Por ejemplo, la línea borrosa entre la autoridad del gobierno y el papel de la ciencia en la lucha contra el COVID-19 es motivo de pausa.

En un mundo en constante cambio, la verdad no se beneficiará de la política ex cátedra estipulaciones, sino más bien del debate abierto y la interacción sin trabas de puntos de vista en competencia.

Dada la tasa alarmante a la que se violan las libertades de prensa contracción en todo el mundo, garantizar y defender este libre intercambio de ideas es una tarea más urgente para los gobiernos bien intencionados que asumir el papel imposible de adjudicador universal de la realidad.

La libertad de opinión es el sistema operativo de las sociedades democráticas. No es sólo el resultado, sino también un requisito previo de la democracia.

En un mundo ahora lleno de desinformación, no me des la verdad. Dame debate.

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